Artículos de Fondo

Los sistemas de comunicación social no pueden explicarse ni construirse al margen del sistema global del que forman parte. La estructura social y económica, la naturaleza del Estado, las políticas culturales y los matices de su ejercicio en los gobiernos sucesivos, son el contexto que orienta el trabajo de los medios de comunicación; los orienta, guía, pero también los prepara para enfrentar las contradicciones de su propio campo y las de las demás instituciones de la vida social.

En México, década final del siglo, el estudio del campo comunicativo pasa necesariamente por el análisis de la coyuntura política, social y cultural en la que vive el quiebre de su modelo emanado de la revolución mexicana y su entrada a la "postmodernidad". La sombra que da cobijo responde al entramado de polémicas con las que finaliza el milenio y el siglo: crisis del Estado propietario y benefactor que intentaba redistribuir el ingreso a través del control y administración de áreas estratégicas de la economía nacional como los hidrocarburos, las telecomunicaciones, etc.; descrédito de la sociedad en la actividad política, corrupción de funcionarios públicos y enriquecimientos ilegítimos; fracaso de las ideologías utópicas y del socialismo; la explosión de los mercados mundiales y la internacionalización de la economía; reforma de las relaciones Estado-Sociedad con marcado predominio de la ideología del libre mercado; déficit del sector público e ineficiencia de los sistemas administrativos del gobierno; irrupción de las nuevas tecnologías, etc.

En materia de comunicaciones, lo que se vive es hoy resultado y negación de la tendencia reguladora y protectora de los servicios públicos de la radio y la televisión, expresados de diferentes maneras en cada uno de los gobiernos postrevolucionarios. Durante la etapa experimental del medio que nos ocupa, la radio, (1920-1940) la voluntad de los primeros gobiernos se muestra apoyando la creación de emisoras asistenciales y/o de agitación político-ideológica como Radio Educación, la XEFO del PNR, la CYY del gobierno socialista posterior a Carrillo Puerto en Yucatán, etc., al margen de los ensayos paralelos de emisoras vinculadas con la distribución de cigarros, discos o café. En términos legislativos, el Gobierno de Lázaro Cárdenas -uno de los de mayor carga nacionalista en México- decreta la Ley de Vías Generales de Comunicación, donde se establece la jurisdicción federal para los asuntos de "líneas conductoras eléctricas y el medio en que se propagan las ondas electromagnéticas", así como las figuras concesión o permiso. El papel del estado en tal actividad es el de garante para la prestación de servicios de utilidad pública; límite para la participación del capital extranjero y controles para evitar el uso de las vías por parte de los gobiernos enemigos.

Pese a la existencia de emisoras institucionales con objetivos claros de promoción política, cultural o social y directamente relacionadas con universidades, Secretarías de Estado o partidos políticos, la ley cardenista no repara en el poder educativo, cultural o comercial del medio, sino únicamente en las prioridades políticas de la coyuntura nacionalista amenazada desde el exterior por los capitales de la industria o el petróleo. No deja de sorprender este vacío legislativo y programático que excluye a la radiodifusión del gran proyecto modernizador de la revolución mexicana que tenía importantes impulsos a través de la educación, las políticas culturales nacionalistas, el movimiento artístico y hasta el cine de la época de oro. "La radio nunca se definió oficialmente en términos de algún compromiso social o educativo. Los radiodifusores privados quedaron libres para implementar y desarrollar su adaptación al modelo norteamericano de radiodifusión" (Ruiz, 1984: 22).

De 1940 a 1970, la radio mexicana se descubre a sí misma como un actor político, comercial y cultural de primera dimensión que requiere una legislación adecuada a sus nuevos poderes y responsabilidades. La radio se entiende así; el Estado también, aunque con cierto retraso. En consecuencia, se deroga la mayoría de los capítulos de la Ley de Vías Generales de Comunicación el 19 de enero de 1960. La nueva legislación -la Ley Federal de Radio y Televisión- asume sus principios fundamentales con mayor claridad que la vieja ley cardenista. Corresponde al estado el dominio y control directo de las ondas; el poder de otorgar permisos y concesiones; de proteger y vigilar la actividad de interés público garantizando su función social y subrayando principios de moral pública, cultura e información de cumplimiento obligado para todos los que operen emisoras sin la distinción de su régimen legal.

De 1960, a la fecha, los gobiernos sucesivos han seguido la famosa razón pendular del sistema político mexicano. Echeverría Álvarez intentó aplicar la ley y su cuerpo reglamentario a los difusores privados en medio de fuertes tensiones y rumores contra su administración, interesado, como dijo en su segundo informe, de no deformar "los valores de nuestra convivencia y que los adelantos de la tecnología no se usen para fomentar servidumbres intelectuales". López Portillo matizó la relación con los medios privados y mantuvo la difusión pública a través de canales de televisión en medio de intensas polémicas laborales, acusaciones de corrupción y carencia de un modelo claro de comunicación, llegando a legislar sobre el derecho a la información en los ámbitos constitucionales; De la Madrid inicia políticas de descentralización televisiva y radiofónica fortaleciendo los sistemas estatales de comunicación, al mismo tiempo que desanda el camino protector que sugiere el derecho a la información. Los gobiernos posteriores de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo han impulsado la profunda reforma contra el estado nacionalista y protector revisando el papel del estado como propietario o regulador de la vida social. Los sistemas de comunicación han seguido la ola privatizadora y de desregulación conforme las presiones de los mercados, la ideología neoliberal y la naturaleza de las nuevas tecnologías.

Y no se trata aún de la revocación de la Ley Federal de Radio y Televisión y sus controles en materia de publicidad, moral, cultura, etc. Simplemente, como en la vieja conseja del poder revolucionario, se ha tratado de coagular en la práctica todas las regulaciones y no hablar más del asunto en las esferas del poder. Se trata, pues, de un escenario de implícitos con valor de ley y una ley con valor de mito. No tocarlo, ni llevarlo al espíritu modernizador, es una estrategia de aguantar las contradicciones del sistema; de cerrar discretamente los ojos a una problemática, mientras terminan por desarrollarse las condiciones objetivas para la privatización completa o se consensuan los nuevos conceptos de los sistemas de comunicación social en el país. Así es, por lo menos, en los ámbitos de la radio y televisión a diferencia del manejo de las nuevas tecnologías digitales y satelitales, cuya liberalización es una realidad que ha requerido tras de sí, modificaciones constitucionales y la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Queda claro, no obstante, que ya no es prioridad de nuestro sistema político operar, controlar y regular las funciones de la radio y televisión. La Ley Federal de Radio y Televisión sigue siendo letra muerta; la televisión nacional estatal se ha privatizado, la libertad de expresión y su aplicación y sanción han sido dejada a la soberanía del lector y de las audiencias, etc. Y no es prioridad, porque la nueva concepción del Estado desarrollado fuertemente en el régimen del presidente Salinas de Gortari, desplazó la tesis de la intervención directa "en la administración del conflicto de intereses entre agentes económicos muy dispares, con objeto de velar por los de la gran masa de la población cuya condición era la de extrema desigualdad frente al poder económico", por el de proveedor de los bienes públicos no generados por ningún otro agente social: la salvaguarda de la soberanía y la administración de la justicia (Valdés, 1993: 325).

Como en otros países con fuerte predominio de la economía de mercado se supone que los ideales de equidad, calidad, pluralismo o cultura a través de los medios son más fáciles de alcanzar "con mecanismos de autorregulación que partan de un buen reparto de las frecuencias entre diversos concesionarios que luchan en el mercado por conquistar la credibilidad y el favor de la audiencia" (Portales, 1994: 17).

Hay, dicen los defensores del modelo de radiodifusión de servicio público, tiempo nublado. Contra las políticas estatales de comunicación que intentaban intervenir corrigiendo las desigualdades en materia de emisoras, de acceso a los contenidos, de pluralidad política y cultural, a través de la operación directa de canales o de leyes específicas para el ordenamiento de la actividad, se opone la lógica empresarial. Esa que relaciona libertad empresarial con libertad de expresión; demanda la débil presencia del estado en la industria y su no-intervención en los mecanismos financieros del sistema y en las políticas de contenidos que se ofrezcan al público consumidor¹.

El modelo del mercado y la desrregulación, sin embargo, tiene serias limitantes cuando se trata de elevar el nivel cultural de las audiencias; mejorar los contenidos que se ofrecen por los medios; aumentar su contribución a la democracia y a la identidad cultural. Pese a la férrea defensa que hacen nuestros gobiernos y sus sectores privados sobre las bondades de la propuesta, la realidad señala que ésta no ha cumplido sus promesas de diversidad, educación, calidad y cultura como lo afirman investigadores de tan diferente signo y en medio de regímenes opuestos como lo son los norteamericanos o europeos (Rowland, 1995; García Candau, 1996; Croteau et al; 1996), o como se ve en la intensa polémica periodística que se vivió en México a fines de 1996, al encarar la "guerra televisiva" entre el tradicional monopolio Mexicano Televisa y la recién privatizada cadena nacional de Televisión Azteca; guerra por demás sucia en detrimento de los contenidos de la programación nacional².

Con y contra los productos ideológicos y políticos de la revolución, el sistema mexicano de medios de comunicación navega entre las aguas de la confusión de su régimen mixto que ya no se acepta completamente como tal. Las miradas unidimensionales atentan contra la identidad de origen en el que los contrarios aparecían en el mismo espacio y con objetivos complementarios que cumplir. Hoy, se puede ser un medio moderno siempre que se reproduzcan los valores de la cultura de masas en medio de las aceptaciones exitosas y mercantiles de los consumidores, independientemente de las responsabilidades sociales que ningún código vigente en México establece, (como no sea la tristemente citada ley de radio y televisión). En el otro lado, se puede difundir desde los rezagos de los medios públicos expresados aún a través de 26 sistemas estatales de comunicación (cadenas regionales de radio y televisión), del IMER y sus estaciones en toda la república, Radio Educación de la Secretaría de Educación Pública, las televisiones culturales de distribución restringida -Canales 11 del Instituto Politécnico Nacional y 22 del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes- y 26 emisoras de instituciones de educación superior en todo el país.

¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo o supervivencia de estos medios, cuya vinculación con el mercado es limitada por su propia intención renovadora? ¿Cómo los enfoques comercial y público pueden aportar sus ventajas para el diseño de un modelo híbrido que haga más conscientes a unos del valor de la cultura y a otros de la eficiencia administrativa o del valor del consumo? ¿Cuál es el papel de las radios universitarias dentro del campo de la comunicación radiofónica y su lógica de producción, circulación y consumo de mensajes de cara a la reconversión del estado, la cultura y la sociedad de las nuevas tecnologías? ¿Cuál es el papel del Estado y de la Sociedad en estos procesos de ajuste? ¿Para qué queremos radiodifusión pública en nuestra sociedad, cuando el esquema que domina en este nuevo modelo de desarrollo neoliberal es el de la privatización de todos los órdenes?

Son innumerables las preguntas que la radio universitaria mexicana -como parte del modesto horizonte de radiodifusión no comercial- debe responder a fin de mantenerse viva y actuante en los espacios del consumo cultural y de medios masivos de comunicación. Las experiencias particulares, la problemática universitaria y los grados diferentes de desarrollo de éstas, hacen de sus respuestas un abanico demasiado amplio que no permite prever una sola tendencia o una idéntica solución. En justicia, habrá que observar todos y cada uno de los proyectos radiofónicos para abstraerlos según su tipología; determinar su viabilidad y posición dentro del mercado de bienes comunicativos.

El valor de sus respuestas trasciende el estricto ámbito de la comunicación universitaria. Es que las soluciones de compromiso orilladas por la presión constante de recortes a los subsidios para la educación y el prestigio que muchas instituciones tienen como formadores de recursos humanos pueden ser el embrión mejorado de un nuevo sistema de medios institucionales que estimulen al desarrollo cultural y económico. Fuera de las inmediateces del poder estatal, más allá de la lógica superficial del mercado y parte de un proyecto educativo -amenazado también por la ola privatizadora, pero consciente de su capital de conocimientos- la red de emisoras universitarias tiene la responsabilidad de avivar una flama; un centro iridiscente que pueda reconstruir un modelo de comunicación indispensable para la sociedad: las emisiones de servicio público.

1. Esta situación se muestra con especial sentido en el debate surgido después de los llamados que el presidente Zedillo hiciera el 25 de agosto de 1996, durante una entrevista con el director de "24 Horas" de Televisa, el Lic. Jacobo Zabludovsky. El presidente, que no ha promovido ninguna ley regulatoria de contenidos ni ha intentado aplicar la vieja Ley Federal de Radio y Televisión votada en tiempos de López Mateos, hace un exhorto a los medios para que se autorregulen respecto de emisiones amarillistas y que estimulan a su juicio una cultura de la violencia. Fechas depués, la revista "Proceso" publica las declaraciones que en ese sentido hacen Sergio Sarmiento, vicepresidente de noticias de Televisión Azteca, y el publicista Eulalio Ferrer. El primero comenta "Yo creo que el presidente está equivocado", (...) "antes de pedir censura o autocensura deberíamos estar seguros que estamos atacando el origen de la enfermedad y no un síntoma". Y anuncia que los programas se terminarán, por lo menos en la empresa donde trabaja, cuando los anunciantes se retiren o los altos niveles de audiencia bajen. No antes. Eulalio Ferrer, por su parte, dice: "Yo creo que el presidente trata el problema de una manera elemental y restringida". Y aunque califica de "positiva" la preocupación de Zedillo, explica cómo en un mundo en que los medios de comunicación se están globalizando "resulta casi imposible normar sus contenidos".Revista "Proceso", Número 1035. Sección Reportajes. 1 de septiembre de 1996. México, DF.

2. Sale Zabludovsky de 24 horas como parte de la guerra con Televisión Azteca.La empresa que encabeza Emilio Azcárraga M. (Televisa) dejó de ser un monopolio -con las pérdidas financieras que esto significa- y se ve obligada a enfrentarse a una competencia real por los televidentes y clientela de publicidad con Televisión Azteca (...) En Televisa, a raíz de esta competencia , el noticiero "24 horas" ya es conducido por Ricardo Rocha, y se anunció que Jacobo Zabludosvky se aleja temporalmente. (...) Aunado a esos cambios y a la reducción de personal en Televisa , y un poco también en TV Azteca, la "guerra" entre las dos empresas, que ya lleva cuatro meses, ha ocasionado el empobrecimiento de la programación televisiva y la proliferación de anuncios publicitarios. Diario de Yucatán, Sección Nacional-Internacional. Domingo, 27 de octubre, 1996. Página 10. Mérida, Yucatán, México.

   La guerra de televisoras se resuelve de manera comercial y publicitaria, pero no se traduce en el mejoramiento de las ofertas programáticas. Televisa y TV Azteca tienen proyectos similares basados en el triple eje del deporte, el espectáculo y la telenovela, sin fortalecer los procesos de información que la sociedad demanda. Entrevista televisada de Ricardo Rocha a la Lic. Alma Rosa de la Selva. Canal 2, Televisa. Programa "Detrás de la noticia". Domingo, 27 de octubre. 1996

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Universidad Autónoma de Yucatán
Mérida, Yucatán, México, 1997