Artículos de Fondo

Los industriales de los medios de comunicación comerciales, radio y televisión, muestran una vez más su condición de soldados del Presidente. En una acción a todas luces concertada con la Secretaría de Gobernación, lanzan desde sus frecuencias y canales feroz campaña de descalificación y desprestigio contra el gobierno electo de la capital de la República y su partido, y no se diga, contra el EZLN, Cocopa, Conai y toda clase de instituciones o personajes que, a juicio del poder, pudieran favorecer eventuales cambios en la vida política nacional.

Sustentados en los enormes intereses económicos y políticos compartidos con el grupo priista gobernante, los empresarios de esos medios, agrupados en su organización cupular, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), están dispuestos a lo que sea con tal de no ver amenazados sus privilegios largamente disfrutados, en el caso de una derrota presidencial. Por eso han hecho del infundio, la calumnia y la consigna disfrazados de noticias y comentarios, su mejor oferta para la sociedad en los momentos en que ésta se ha decidido por el cambio. Saben que cualquier otro grupo en el poder, que no sea el PRI, desmantelaría el sistema jurídico de prebendas y proteccionismo que tanto ha favorecido a una de las industrias más monopolizada y excepcionalmente tratada en el plano fiscal.

A estos poderosos industriales los problemas económicos que agobian al pueblo de México, simplemente les son ajenos. En septiembre de 1996 las 49 emisoras comerciales privadas que operan en el D. F. obtenían ingresos por la venta de tiempo para publicidad con un monto anual de 20 mil 874 millones, 600 mil pesos, a un costo promedio de 1,637 pesos el minuto; es decir: 98 mil 220 pesos la hora. Para diciembre de 1997, un año tres meses después, esa cantidad aumentó a 46 mil 649 millones 183 mil pesos anuales, a un costo promedio de $3,670.03 el minuto, lo que equivale a $220,201.20 por hora. Un aumento, en plena crisis, del 124 por ciento en el servicio que venden en sólo 15 meses. ¿Qué otra industria en México se puede dar el lujo de tales incrementos? Si esto se lleva al plano de lo fiscal en ese sistema de simulacro con el que esta industria evade al fisco mal pagando un impuesto que está vigente, mejor conocido como 12.5% o tiempo fiscal, las cifras que el erario no cobra son, por decir lo menos, impresionantes:

En 1976 esas 49 emisoras del D. F. le sacaron la vuelta al fisco con 5,218 millones 650.mil pesos y en 1997 con la nada despreciable suma de 11,662 millones 296 mil pesos, cantidad que representa casi el doble del presupuesto anual de la UNAM y más de la mitad del déficit fiscal anunciado por la SHCP a raiz de la caída de los precios internacionales del petróleo. Y no está por demás recordar que de esas 49 estaciones, 41 son propiedad de sólo cinco familias: los Aguirre poseen 14 emisoras; los Azcárraga, 11; los Ibarra, seis; los Salas, cinco y los Vargas, cinco. Si este cálculo se ampliara a toda la radio nacional y a la televisión, medio éste en el que los costos son infinitamente superiores, estaríamos hablando de cantidades de dinero inimaginables que en estos momentos aliviarían significativamente las grandes carencias nacionales, sobre todo en el gasto social. Es tal el grado de desinterés gubernamental por esta realidad fiscal, que esta forma tributaria en cualquiera de sus modalidades ni siquiera es tomada en cuenta en la contabilidad y el presupuesto de ingresos de la SHCP como si no existiera.

La relación que por años han mantenido los gobiernos priísta y los empresarios de la radio y la televisión comerciales privadas, convenenciera como lo ha sido, no es producto de miedos o amenazas sino de acuerdos cupulares donde unos y otros siempre han salido ganando: unos, el usufructo inmoderado de bienes de la nación y otros, la garantía de la permanencia en el poder. Para unos y otros esa radio y esa televisión han sido por siempre sus medios y sus remedios.

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Subdirección de Extensión
Universidad Autónoma de Yucatán
Mérida, Yucatán, México, 1997